La deuda de la paz: El precio de proteger la tierra y la vida

Informe de la Comisión de la verdad, Imagen tomada de: https://www.comisiondelaverdad.co/etiquetas/fotografia

Por: Bedan Orbei Lezcano González

20 de Mayo 2026

El esclarecimiento de la Comisión de la Verdad ha puesto de manifiesto la alarmante reactivación de la violencia en el país, reflejada en el incremento exponencial de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP tras la firma de los Acuerdos de Paz. Esta alarmante realidad devela que, pese a los esfuerzos de pacificación, defender los derechos humanos y el territorio sigue cobrando vidas en la Colombia rural.

A través de su informe de hallazgos en la sección 'No Matarás', la Comisión de la Verdad evidenció cómo la agenda reformista de los Acuerdos de Paz coincidió con un repunte de violencia sistemática entre 2017 y 2020. Detrás de estas muertes subyacen disputas agrarias históricas no resueltas y el accionar de estructuras paramilitares locales, factores que perpetúan la impunidad y sabotean la consolidación de un tejido social estable en las regiones más vulnerables.

La firma del Acuerdo de Paz prometía el inicio de una era de convivencia y reconciliación, pero las cifras recopiladas por las instituciones oficiales y las organizaciones no gubernamentales demuestran que el tránsito hacia la paz ha sido sumamente doloroso. De acuerdo con los registros de la Defensoría del Pueblo, las muertes violentas de líderes sociales se expandieron con rapidez: se reportaron 126 casos en 2017, aumentando a 178 en 2018, situándose en 134 en 2019, alcanzando un pico crítico de 182 asesinatos en 2020, y mostrando un leve descenso a 145 casos en 2021.

Sin embargo, el panorama resulta aún más devastador cuando se examinan los datos históricos de organizaciones independientes como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este observatorio, que realiza un seguimiento riguroso de la violencia en las regiones, documentó 207 homicidios de defensores de derechos humanos en 2017, una preocupante cifra de 298 en 2018, 279 en 2019, 310 en el año 2020, y 168 durante 2021. De forma paralela, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas internacionales al constatar que, de cara a octubre de 2021, cerca de 292 firmantes del acuerdo de paz que habían depositado sus armas fueron ultimados en un claro quebrantamiento de las garantías de reincorporación.

Para comprender la raíz profunda de este flagelo, la Comisión recurrió al análisis de figuras políticas clave del país. En un valioso diálogo sostenido en Bogotá, el expresidente César Gaviria explicó a los comisionados que la raíz fundamental de los crímenes se halla en los litigios del mundo agrario que quedaron intactos tras la desmovilización de la guerrilla. Gaviria advirtió con contundencia que a los denominados «terceros civiles» involucrados en el despojo de tierras se les impidió ingresar a los marcos de la justicia transicional por oposición de ciertos sectores políticos, lo que derivó en la reproducción de pequeños grupos paramilitares locales dedicados a contener los reclamos legítimos de los colonos y mantener las disputas bajo la justicia ordinaria.

Los hallazgos consignados en la plataforma digital de la Comisión de la Verdad no solo operan como un doloroso memorial de las víctimas, sino como una advertencia explícita: mientras las deudas históricas asociadas a la distribución de la tierra no se resuelvan de fondo, la violencia seguirá latente en los territorios. Como estudiantes y analistas del entorno social, comprender y visibilizar estas dinámicas estructurales resulta un imperativo ético indispensable para exigir garantías reales de no repetición, protegiendo así la vida de quienes transforman a Colombia desde sus comunidades.